La denuncia parte un pedido presentada en julio de 2023 por el expresidente Horacio Cartes, quien se autodenominó víctima de una supuesta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político».

La Fiscalía de Paraguay presentó el martes una denuncia contra tres exministros y cuatro exfuncionarios que desempeñaron roles durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) por supuestos crímenes de asociación delictiva, usurpación de cargos públicos, denuncia falsa y divulgación de secretos de servicio, después de una denuncia del exmandatario Horacio Cartes.

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El informe no hace referencia a Abdo Benítez y su exsecretario privado y actual diputado oficialista, Mauricio Espínola, quienes figuraban en la acusación presentada en marzo de 2024 por la entidad investigadora, considerando que tienen fueros.

Los fiscales Silvia González y Christian Benítez, quienes tomaron las riendas del caso después de la dimisión del agente fiscal Guillermo Sanabria el lunes, solicitaron durante la acusación del martes también la instauración de un juicio oral y público contra los acusados, de acuerdo con el informe divulgado por el Ministerio Público.

La causa es el resultado de un estudio abierto que surgió de una denuncia presentada en julio de 2023 por Cartes (2013-2018), quien se autodenominó víctima desde 2018 de una supuesta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político».

Fiscalía acusa y pide juicio oral para 7 exfuncionarios del gobierno de Mario Abdohttps://t.co/W5getg1ay8 pic.twitter.com/6fydYCeT5T

— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 12, 2025

Dentro de los imputados se encuentran el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, René Fernández, exjefe de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), y Carlos Adolfo Arregui, ex colaborador de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Asimismo, la exviceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, junto con Guillermo Preda, Francisco Pereira y Daniel Farías, enfrentan la acusación, todos exfuncionarios de dicha institución.

El martes, la Fiscalía de Paraguay detalló en un comunicado que los imputados habrían supuestamente «formado un esquema» entre 2021 y 2022 destinado a la «elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera y filtración de pedido de carácter confidencial realizado a través de la Plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que aspiraba a generar investigación penal en contra de adversarios políticos de Abdo Benítez».

En la acusación inicial, presentada el 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público indicó que durante la etapa gubernamental de Abdo Benítez (2021 a 2022) “se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.

Por su parte, la entidad señaló que Abdo Benítez “habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales del Ministerio Público)”.

Durante julio de 2022, el Departamento de Estado imputó a Cartes por su supuesto involucramiento en actividades corruptas, motivo por el cual se le prohibió entrar a ese país.

En enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas al exmandatario y a algunas de sus compañías.

La denuncia presentada el martes ante la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, se reveló horas después de que Enrique Kronawetter, abogado de Abdo Benítez, solicitó la renuncia de los fiscales César Sosa, Elva Cáceres y Osmar Segovia, el jefe del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y una de sus adjuntas, Matilde Moren, por supuesta «la falta de objetividad» en este caso.

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